Debido a los flujos migratorios inusuales en sus cuatro dimensiones —origen, tránsito, destino y retorno— y a la relación estrecha con nuestra frontera norte que abarca más de tres mil kilómetros, la estrategia migratoria implementada en México ha mostrado estar a la altura para hacer frente a dicha situación.
Las exitosas negociaciones que permitieron que la imposición de aranceles y un acuerdo de Tercer País Seguro no tuvieran éxito, dieron paso a consolidar una estrategia integral con plena protección a los derechos humanos de todas las personas migrantes que ingresan en territorio nacional.
Muestra de esta convicción, a pesar de la dinámica y complejidades del fenómeno, fue que los brotes epidemiológicos estuvieron controlados gracias a una red nacional de salud desplegada en todo el territorio; no se registraron muestras de xenofobia o crímenes de odio racial, y se invirtió en el reacondicionamiento de albergues y estaciones migratorias, una deuda histórica que esta administración decidió subsanar de manera contundente.
La estrecha relación con los países del norte de Centroamérica y la coordinación efectiva entre las instituciones mexicanas competentes, permitió regular los flujos migratorios, mismos que disminuyeron 64% de mayo a septiembre de este año. En este ejercicio, el Plan Integral de Desarrollo (PDI) El Salvador-Honduras-Guatemala-México fungió como eje rector hacia una relación regional basada en cooperación, respecto y fraternidad.
Hablo de un referente, porque la reciente relación de Estados Unidos con los países del norte de Centroamérica ha dado un giro hacia el enfoque que el gobierno de México implementó desde el 1º de diciembre de 2018. Las coincidencias giran torno a tres temas específicos:
Primero, el enfoque de seguridad humana. El pasado Plan de la Alianza para la Prosperidad estaba enfocado en atender las causas estructurales de la migración a través de control y seguridad sin enfocar la última al usuario final, que es el ser humano. Lo que planteó México fue desvincular conceptualmente a la migración de los asuntos de seguridad y lograr que la movilidad humana en sus múltiples dimensiones proteja a cada persona migrante. El ejemplo más claro es la formación en derechos humanos de la Guardia Nacional.
La perspectiva del desarrollo sostenible como segundo punto. A diferencia de las iniciativas en el pasado enfocadas en proyectos de seguridad, infraestructura, etcétera, el PDI plantea la necesidad de elevar el gasto social progresivamente para que aquellos que decidan migrar lo hagan por opción y no por necesidad. Por ello, se destinaron recursos del Fondo México para compartir los programas estelares de esta administración: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con el objetivo de fortalecer el desarrollo regional, así como lograr un efecto redistributivo y multiplicador.
Y, en tercer lugar, la visión de responsabilidad compartida. Convencidos que el fenómeno migratorio es multidimensional, desde el periodo de transición presidencial se trabajó con El Salvador, Guatemala y Honduras, con el apoyo invaluable de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para que de manera conjunta se identificaran las oportunidades de desarrollo. Todo ello, partiendo de un enfoque de cooperación en el entendido de que los esfuerzos unilaterales no serían suficientes para actuar en contra de la desigualdad social existente.
Estas tres características propuestas y puestas en marcha por México, que se engloban en el PDI, han permeado la nueva relación que Estados Unidos está construyendo con nuestros vecinos del sur: priorizando la seguridad humana en lugar de la seguridad nacional como lo habían hecho anteriormente, dejando atrás la creencia de que una sola solución en materia de desarrollo es aplicable para todos los países y apostando porque un verdadero crecimiento del capital humano de los países expulsores de migrantes, tendrá más efectos positivos trabajando en coordinación.
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