Este jueves, la ONG Human Rights Watch publica un informe sobre la situación de los menores migrantes no acompañados en el departamento de Hautes-Alpes, en la frontera franco-italiana. Basado en una encuesta realizada a unos sesenta niños y adolescentes, oriundos principalmente de África Occidental, este informe denuncia múltiples violaciones de la legislación francesa y de las normas internacionales para la protección de los derechos infantiles.
Tienen entre 15 y 18 años, y cruzaron el Mediterráneo en busca de un refugio, huyendo de los abusos que sufrían en sus países de origen. Ante la actitud hostil de Italia, intentan cruzar a Francia, aunque corren el riesgo de ser rechazados por la policía en las fronteras.
“Según lo que hemos escuchado de los niños que entrevistamos, cuando hay rechazos, a menudo son arbitrarios y dependen de la buena voluntad de los agentes. La consecuencia es que muchos niños –para evitar ser detenidos– cruzan la frontera por la montaña en condiciones extremadamente difíciles”, explica Bénédicte Jeannerod, la directora de París de Human Rights Watch.
Pero aun cuando consiguen cruzar la frontera, hay obstáculos: a menudo, su minoría de edad no es reconocida. “Los procedimientos, tal como se aplican en el departamento de Hautes-Alpes, son extremadamente defectuosos”, comenta Jeannerod.
“Por ejemplo, en su entrevista de evaluación, al niño lo acusarán de mentir; o bien dará muchos detalles sobre su recorrido y le dirán que esto prueba su mayoría de edad… ¡Todos los elementos dados por el niño se vuelven en su contra y conducen a rechazos arbitrarios de la minoría de edad!”, denuncia la representante de HRW.
La ONG subraya que Francia tiene la obligación de proteger a todos los migrantes menores de edad y de garantizar su acceso a la vivienda, la educación y la salud.
Los voluntarios también son blancos de injusticias
HRW también denuncia el acoso policial a los voluntarios que participan en las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes en las montañas. “No se trata de asociaciones en particular, sino de personas que llevan a cabo esta labor de asistencia y rescate en las montañas y que son sometidas a controles de identidad injustificados, registros abusivos de sus vehículos, o que son perseguidas por la justicia”, prosigue Benedicte Jeannerod.
Así, explica, “son prácticas policiales que disuaden estas operaciones y que se oponen a la última decisión del Consejo Constitucional, que considera que la asistencia a migrantes, incluso en situación irregular, no puede ser penalizada ni sancionada mientras dicha asistencia se lleva a cabo con fines humanitarios”.
El año pasado, el Consejo Constitucional consagró el valor constitucional del “principio de fraternidad” en respuesta a una petición de varias asociaciones e individuos, entre ellos Cédric Herrou, un agricultor que se convirtió en el símbolo de la defensa de los migrantes en el Valle de la Roya, uno de los principales pasos fronterizos para los migrantes que llegan a Europa por Italia.
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