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Pateras, inmigración de récord

El número de muertos al intentar llegar por mar triplica las cifras del año anterior.

Un año de tragedias en el Mediterráneo occidental. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 769 personas han perdido la vida en el 2018 cuando intentaban llegar a las costas españolas, lo que supone tres veces más que el año anterior, cuando fallecieron 224. La llegada de inmigrantes a la Península, cerca de 57.000 a los que hay que sumar otros 6.500 por tierra, ha superado ampliamente la cifra registrada durante la crisis de los cayucos del 2006, cuando 39.180 personas arribaron, casi en su totalidad, a las costas canarias.

La llegada en pateras a las costas andaluzas supera la suma de los últimos ocho años. España recibió casi la mitad de los inmigrantes (49,8%) de todas las llegadas irregulares por el Mediterráneo a Italia, Grecia, Chipre Malta y la propia España. El promedio de llegadas es de casi 160 personas al día, y el 2019 ha arrancado a un ritmo muy similar.

Al menos 769 personas perdieron la vida en el 2018 durante la travesía hacia España

Los datos abruman. La cifra de fallecidos en el Mediterráneo occidental se ha incrementado en un 243% con respecto al año pasado, y es treinta veces superior a la que se registró hace cuatro años en el 2014, cuando fueron 24 los fallecidos. En todos los años posteriores se superó el centenar de muertes con un claro in crescendo: 102 en el 2015; 128 en el 2016; 224 en el 2017; hasta el brutal salto a los casi 800 fallecidos del año recién cerrado. Según las cifras, octubre fue el mes que registró más muertes en la frontera sur con 144 fallecidos, seguido de noviembre, con 114 muertes contabilizadas. Al menos 2.242 personas han perdido la vida intentando alcanzar Europa a través de todas las rutas del Mediterráneo, siendo la central la que mayor número de muertes concentra (1.306 personas).

El proyecto Missing Migrants de la OIM recoge estos y otros muchos datos. Como el hecho de que el porcentaje de muertes sobre el total de inmigrantes que intentan llegar a España ha crecido, pasando de un 0,8% a un 1,2%.

La situación vivida no ha pillado por sorpresa a los expertos y a quienes dedican parte de su vida a ayudar a los inmigrantes. Desde Andalucía Acoge recuerdan que “desde hace mucho tiempo sabíamos que se podía producir. “El cierre de otras vías de escape a través del Mediterráneo, hacia Grecia o Italia, dejaba a la frontera sur de España como la única posibilidad y las mafias que trafican con personas conocen perfectamente la situación”.

La oenegé recuerda que en este 2018 se han cumplido treinta años desde la aparición del primer inmigrante ahogado en las costas andaluzas. “Estamos ante una situación que no es coyuntural, sino que forma parte de la sociedad del siglo XXI. Mientras no se den otro tipo de respuestas económicas, las migraciones van a seguir existiendo”, concluye.

El cierre de puertos, el acuerdo con Turquía y la represión en el Rif disparan las llegadas

Frente a los análisis más complejos, la oposición política al gobierno de Pedro Sánchez aduce un efecto llamada, después de que el Gobierno decidiera recibir a los más de 600 inmigrantes recogidos en el barco Aquarius y que llegaron en agosto al puerto de València. Sin embargo, el incremento de llegadas ya se llevaba produciendo desde tres meses antes.

Frontex y los expertos que analizan con seriedad el problema hablan del cierre de los puertos de Italia y Malta, los acuerdos para deportar a Turquía a quienes lleguen a Grecia y la huida de marroquíes por la represión tras las protestas en el Rif como las principales causas. Sin embargo, África genera menos del 12% de la inmigración en España, según el INE. La mayoría de las personas que en el 2017 (no hay datos cerrados del 2018) emigraron a España procedía de Venezuela (51.050).

La primera llegada masiva de esta crisis migratoria sin precedentes se produjo el 16 de junio cuando 500 personas necesitaron ser rescatadas en el Estrecho y trasladadas a Tarifa, donde el consistorio tuvo que habilitar un pabellón municipal para poder atenderles. La situación provocó una ola de solidaridad entre buena parte de la población que se organizó a través de las redes sociales para aportar ropa, comida y atención a los recién llegados.

A partir de entonces, las llegadas se sucedieron y se reprodujeron escenas de inmigrantes acogidos en lugares improvisados como instalaciones portuarias e incluso las cubiertas de los mismos buques de Salvamento Marítimo que les habían recogido. Una situación desbordada ante la que varios ayuntamientos como los de Algeciras, Los Barrios o San Roque tuvieron que poner una serie de medios y recursos, de los que nunca recibieron compensación por parte del gobierno central, para hacer frente a la situación de emergencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó abriendo un Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) en el muelle Crinavis de San Roque, con capacidad para más de 400 personas, para centralizar y agilizar los trámites burocráticos y la ayuda a los recién llegados, y aliviar así, al menos en parte, la carga que caía sobre los consistorios de la zona y la descoordinación existente hasta entonces.

El año dejó situaciones dantescas, como el goteo de cadáveres que fue llegando a las playas de Caños de Meca, en Cádiz, tras hundirse una patera que tenía la madera podrida con 40 personas a bordo, de las que 24 murieron ahogadas.

Las provincias de Cádiz y Almería son las que han recibido un mayor número de llegadas de inmigrantes. Por Cádiz entraron 20.572 inmigrantes, frente a los 6.550 del 2017, de los que 15.931 lo hicieron por el Campo de Gibraltar. Por Almería pisaron tierra 11.569, frente a los 5.713 del 2017.

La situación excepcional del año que acaba de terminar ha desbordado todas las previsiones y las organizaciones relacionadas con la llegada de inmigrantes han reaccionado de forma diferente. Mientras la Cruz Roja incrementó de manera importante el personal que participa en los equipos de respuesta a emergencias, así como los recursos que gestiona, las asociaciones profesionales de guardias civiles y policías nacionales no han dejado de quejarse por la falta de medios y la descoordinación entre administraciones. El Sindicato Unificado de Policía reclama una legislación adecuada, un mejor tratamiento para los menores no acompañados, la creación de más brigadas de extranjería y optimizar los recursos.

lavanguardia

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