El debate sobre una ley que limita el número de extranjeros en la sanidad pública de Boa Vista ha acabado en los tribunales. Entidades vinculadas a la defensa de los ciudadanos y los derechos humanos intentan bloquear una ley sobre el tema aprobada por el ayuntamiento de la capital de Roraima el 7 de enero. La norma afecta directamente a los inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis en el país vecino. Los tribunales, sin embargo, ya han denegado una medida cautelar sobre el caso.
La legislación aprobada discrimina en cuanto a la posibilidad de atención. "Se garantiza el límite máximo de 50% de servicios sanitarios públicos puestos a disposición de los extranjeros", dice el texto. La ley no explica cómo el municipio puede llegar a esta cifra, pero afirma que los residentes de Boa Vista "ya no tienen derecho efectivo a la salud, debido a la masificación de extranjeros". Según la Operación Bienvenida, hasta enero 264.000 venezolanos habían solicitado la regularización migratoria en Brasil. A modo de comparación, según el gobierno del estado, el año pasado había 4.123 venezolanos matriculados en el sistema escolar estatal, lo que supone un aumento de 2.763% en cuatro años.
Juicio por xenofobia
La ley de Boa Vista está siendo cuestionada por organizaciones, que la califican de xenófoba. La DPU (Defensoría Pública Federal) y la ONG Conectas Derechos Humanos presentaron una demanda pidiendo la anulación de la ley. El pasado martes (11), el Tribunal Federal denegó la petición. Las organizaciones apelaron la decisión. En su fallo, el juez federal Bruno Hermes Leal también denegó la retirada de carteles de los centros de salud que hablaban de la ley. Para él, una ley no debe ser suspendida por los tribunales. Leal, sin embargo, afirmó que la iniciativa de la ONG y de la DPU es "loable desde el punto de vista humanitario, pero no encuentra en la acción civil pública el instrumento adecuado para su realización". Al ser contactada por el reportaje, la Alcaldía de Boa Vista subrayó que la ley no es de autoría del Ejecutivo, y que fue vetada por inconstitucional por la alcaldesa Teresa Surita (MDB). Sin embargo, la alcaldía "la devolvió al Consejo Municipal, que anuló el veto". Incluso con la ley en vigor, el Ejecutivo hizo hincapié en que no ha restringido el acceso a la asistencia sanitaria. "Enfatizamos que el Ayuntamiento de Boa Vista sigue la Constitución Federal, que prevé la igualdad de atención para todos los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad y respetando el derecho de acceso a la salud que se garantiza a todas las personas." UOL pidió por correo electrónico al departamento de comunicación de la Cámara que enviara una declaración sobre la demanda que impugna la ley. También solicitó una entrevista con el autor del proyecto de ley, el concejal Júlio Medeiros (PODE). Los correos electrónicos, sin embargo, no recibieron respuesta.
Inconstitucional La ley socava la imagen internacional de Brasil de acoger a las personas que huyen de Venezuela, según la coordinadora del programa Conectas, Camila Asano. "Nuestro país se destaca por tener una respuesta humanitaria, por entender que se trata de personas que vienen de una crisis humanitaria, por mantener sus fronteras abiertas", explica Asano. Esta ley va en contra de todo eso". Según Asano, la Constitución deja claro que el país tiene la obligación de no discriminar a nadie. "La ley de Boa Vista es discriminatoria, limita el acceso al servicio público de salud, que es universal gracias al SUS [Sistema Único de Salud], y discrimina por la condición de inmigrante. Esta discriminación tampoco es aceptada en la legislación específica, que es la Ley de Migración de 2017", afirma.
Muerte por desnutrición
Según la hermana Telma Lage, coordinadora del CMDH (Centro de Migración y Derechos Humanos de la Diócesis de Roraima), la ley es una prueba de la xenofobia que existe contra los venezolanos en la ciudad. "Veo que el Estado acaba enfrentando a un pobre contra otro. Esta ley refleja lo que vengo analizando: si hay xenofobia, es institucional", afirma.
Asegura que existe una "fuerte tensión" entre la comunidad y los inmigrantes, que a menudo aleja a los gobiernos. "Aquí las políticas públicas todavía las aplican mucho las personas. Si el responsable del sector es sensible a la inmigración, el servicio se presta. Si no, no ocurre", explica.
El problema se agrava, dice, porque muchos venezolanos llegan hambrientos, enfermos y sin perspectivas. "Nos dicen que necesitan venir porque en Venezuela ya no consiguen atención ni medicinas"...
Acostumbrada a estar en primera línea de la acogida, dice que los venezolanos que llegan a Brasil tienen necesidades diferentes. "Nunca vi morir a un adulto por desnutrición como he visto aquí. Tenemos muertes por eso y por enfermedades que se aprovechan de la desnutrición", explica.