A pesar de formar parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los integrantes de los albergues migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco, y Estancia del Migrante González y Martínez, en Tequisquiapan, Querétaro, siguen sufriendo hostigamiento y abusos.
A pesar de formar parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los integrantes de los albergues migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco, y Estancia del Migrante González y Martínez, en Tequisquiapan, Querétaro, siguen sufriendo hostigamiento y abusos.
En La 72, los responsables del ataque portan uniformes, ya sea de la policía o del Instituto Nacional de Migración (INM), y en Querétaro los agresores son empleados de empresas de seguridad privada, contratados por la empresa Ferromex, denunciaron hoy organismos defensores de derechos humanos.
En abril pasado, por ejemplo, el INM presentó una denuncia por trata de personas contra Fray Bernardo Molina Esquiliano, uno de los voluntarios del albergue, recordó su hermana Diana Muñoz Alba, abogada de 72 años.
En una ocasión, transportaba a un grupo de personas en su camioneta hacia el albergue, cuando agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y del INM lo detuvieron. Le preguntaron si las personas que viajaban con él eran indocumentadas, y él les dijo que sí, probablemente, pero que no había revisado sus documentos.
Los uniformados le dejaron ir y posteriormente llegó la denuncia albergue. Cuando Muñoz intentó obtener una copia del expediente, los agentes de la PGR se negaron, porque dijeron que los documentos estaban en la Ciudad de México, "pero sabemos que sigue en Tenosique", insistió el abogado.
Muñoz dijo que el fraile había recibido apoyo del obispo de Villahermosa, pero que las máximas autoridades católicas del país -la Nunciatura y el Episcopado- guardaban silencio al respecto.
Los miembros del albergue están acostumbrados a tener una dura relación con las autoridades, especialmente las migratorias. "El INM desprestigia nuestro trabajo, dice a los migrantes que hacemos documentos falsos y que nos lucramos con ellos", denuncia Muñoz.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos Humanos para Todas y Todos (Red TDT), que agrupa a 84 organizaciones mexicanas, recordó que la situación de los albergues es particularmente grave, ya que ambos están supuestamente protegidos por el Mecanismo, operado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
E insistió en que este Mecanismo ya ha demostrado su ineficacia, ya sea porque no da seguimiento a los casos -algunos ocurridos hace varios años- o porque no hace un llamado a los gobiernos locales o al INM para detener las hostilidades.
En los primeros cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto, la Red TDT registró 918 crímenes perpetrados contra defensores de derechos humanos, y Ríos estimó que la situación ha empeorado para los activistas que operan en la ruta migratoria desde que el presidente implementó el Programa Frontera Sur en el verano de 2014. "De sur a norte, la ruta migratoria es un continuo de ataques", lamentó.
La académica Mariana Zaragoza, quien forma parte del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, insistió en la "gran preocupación" de su escuela por el patrón de "criminalización y amenazas" que sufren los albergues por parte de actores estatales y privados.
A lo largo del año pasado, los miembros de La 72 facilitaron documentos -entre ellos números de matrícula y vales- a las autoridades para desmantelar las redes delictivas que llevaban a cabo secuestros y robos masivos contra migrantes en la región.
Segundo Muñoz, las autoridades hicieron caso omiso a las evidencias, y el pasado 6 de octubre, apenas tres días después que el albergue publicó un comunicado para denunciar el repunte de secuestros masivos en la zona, un individuo llamó al refugio y amenazó a sus integrantes.
Desde hace 17 años, la estación migratoria González y Martínez, ubicada en el municipio queretano de Tequisquiapan, brinda ayuda humanitaria a los migrantes que cruzan México arriba de los vagones de los trenes de carga, recordó Martín Martínez Ríos, fundador de la estación.
Sin embargo, desde hace tres años, la compañía ferroviaria Ferromex ha contratado a empresas privadas de seguridad para vigilar las vías del tren. Al principio, eran los polémicos Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem), una entidad pública "alquilada" por el gobierno mexicano a empresas e instituciones públicas.
La empresa que ahora opera es Multisistemas de Seguridad Industrial, que ha continuado con las malas prácticas de sus predecesoras: los voluntarios del albergue han vivido varias situaciones dramáticas en las que agentes de seguridad privada les han disparado. Estos agentes "no saben de derechos humanos ni de portar un arma", asegura Martínez.
Además, el activista afirma que los agentes despojan a los migrantes de sus mochilas y zapatos, los primeros vacíos y los segundos inservibles.
Hace poco, la empresa instaló cámaras de vigilancia apuntando al lugar que el albergue había construido en las afueras de las carreteras. "El gobierno va a fabricar algo contra nosotros", especula Martínez.
Otro detalle llama la atención de Martínez: militares, gendarmes y empleados de empresas de seguridad se colocan a menudo con armas largas, argumentando que protegen el tren. Sin embargo, el activista asegura que "nunca ha habido un asalto a un tren en esta ruta".
Fuente: Proceso
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