El Ministerio de Trabajo quiere garantizar el pleno derecho de defensa de las empresas acusadas y prohíbe la publicación del documento basándose en una decisión del Tribunal Superior de Trabajo. El Ministerio Fiscal recurrirá.
El Ministerio de Trabajo quiere garantizar el pleno derecho de defensa de las empresas acusadas y prohíbe la publicación del documento basándose en una decisión del Tribunal Superior de Trabajo. El Ministerio Fiscal recurrirá.
El gobierno federal ganó el martes (07/03) un asalto jurídico que, en la práctica, debe impedir que la sociedad sepa durante los próximos cuatro meses quiénes son los empleadores en Brasil que han sido sorprendidos y castigados por utilizar trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud y que figuran en la llamada "lista sucia" de trabajo esclavo. La lista se creó en 2003 y está reconocida internacionalmente.
En el gobierno del presidente Michel Temer (PMDB), el Ministerio de Trabajo (MT) mantiene la opinión de que las normas actuales que determinan la inclusión de nombres en la lista "no garantizan el derecho a un proceso contradictorio y a una defensa completa para los acusados de un delito, lo que daría lugar a nuevos desafíos legales". A este argumento se enfrenta el Ministerio Público de Trabajo (MPT), y la batalla ha llegado a los tribunales.
El presidente del Tribunal Superior del Trabajo (TST), Ives Gandra Martins, decidió el martes que el gobierno federal tiene razón. Aceptó los argumentos del Ministerio Público Federal y anuló una medida cautelar que obligaba al Ministerio de Trabajo a publicar la "lista sucia", so pena de pagar multas diarias. Gandra Martins figuraba en la terna del Palacio de Planalto para un puesto en el Supremo Tribunal Federal.
Compromiso internacional
"Vamos a apelar. La 'lista sucia' es un instrumento importante en la lucha contra la esclavitud contemporánea, y Brasil ha asumido compromisos internacionales para combatir la esclavitud", afirma el fiscal laboral Tiago Cavalcanti, coordinador nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Conaete) en el Ministerio Público de Trabajo.
Para Cavalcanti, el argumento del gobierno federal de que hay un cercenamiento de la defensa del acusado es "absurdo", porque una vez que la situación de esclavitud ha sido descubierta (aviso de infracción), el acusado todavía puede recurrir administrativamente, en dos instancias. "El nombre del infractor sólo se incluye en la lista cuando ya no cabe recurso".
Una semana antes de que expirara el plazo dado por el Tribunal Regional de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo publicara la lista, el ministerio celebró la primera reunión de un grupo de trabajo creado para "establecer normas claras para la inclusión de empresas en el registro, conocido como la 'lista sucia', y evitar la judicialización de la cuestión".
El argumento de la AGU, que convenció al presidente del TST, es que este grupo necesita 120 días para analizar las normas actuales y cambiarlas. Los procuradores del trabajo afirman que no fueron invitados por el gobierno federal a esta primera reunión del grupo, pero que participarán en las discusiones para comprender exactamente cuáles son los objetivos del debate.
"¿Qué quiere cambiar de la 'lista sucia'? ¿Se va a vaciar la lista? ¿Se va a vaciar la visión del trabajo esclavo?", preguntó Cavalcanti. Según la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo, el grupo fue creado porque "el gobierno quiere garantizar que las reglas sean transparentes y justas para identificar y dar a conocer a quienes cometen este tipo de delito".
Ordenanza en el último día del gobierno Dilma
Las normas actuales para incluir nombres en la "lista sucia" se especifican en un decreto interministerial publicado por el gobierno anterior el 13 de mayo, exactamente el último día que la entonces presidenta Dilma Rousseff (PT) estaba en el cargo. El decreto se volvió a publicar para aclarar los procedimientos de inclusión y eliminación de nombres del registro.
Tras la publicación de este decreto, la presidenta del Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, extinguió una demanda ante el tribunal que cuestionaba la constitucionalidad de la "lista sucia". Esta disputa legal había impedido la publicación del documento desde diciembre de 2014.
Cavalcanti subraya que la publicación de la "lista sucia" es una política de Estado, asumida por Brasil internacionalmente, y que no puede "sufrir variaciones ideológicas o partidarias". La medida, subraya, fue defendida en políticas públicas iniciadas por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) y perfeccionadas durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Dilma Rousseff (PT). "En otras palabras, es independiente de partidos, corrientes políticas o ideologías".
Sentencias del Tribunal Supremo
A finales de 2014, el entonces presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, concedió una medida cautelar que impedía la publicación de la "lista sucia". La acción fue interpuesta por la Asociación Brasileña de Promotores Inmobiliarios, que consideraba inconstitucional el registro.
Para remediar los problemas señalados, el gobierno promulgó un nuevo decreto en los últimos minutos del gobierno de Rousseff. Sin embargo, aunque la demanda fue desestimada por el Tribunal Supremo después de que se volviera a publicar la ordenanza en mayo de 2016, el Ministerio de Trabajo se negó a publicar la lista.
Los fiscales laborales afirman que ha habido reuniones e intentos de convencer al gobierno actual. Sin éxito, tuvieron que llamar a las puertas del Tribunal Regional de Trabajo.
La batalla no tiene fecha de finalización y, dependiendo de sus efectos y repercusiones, podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Deutsche Welle
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