EL MUNDO NO PUEDE HABLAR CON LOS QUE SALEN DE LA CRISIS EN VENEZUELA

Casi seis millones de personas han abandonado el país, aproximadamente el 20% de su población, pero la falta de reconocimiento oficial de su condición de refugiados y de financiación adecuada para ayudarles, les condena a una situación de extrema vulnerabilidad
Un bebé de nueve meses muere en la frontera entre Bolivia y Chile junto con dos adultos. Un niño y un adolescente mueren tiroteados en Colombia. Mujeres, niñas y niños en situación de calle son golpeados y sus pertenencias quemadas en el norte de Chile. Todos ellos son venezolanos en situación de extrema vulnerabilidad, a quienes los gobiernos de las Américas no han podido, o no han querido, proteger.

Periódicos de todo el mundo han publicado dolorosos detalles de las masivas violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en Venezuela. Sin embargo, las tragedias que tienen que soportar quienes huyen de estos horrores han generado menos visibilidad y provocado menos rechazo. Los episodios más recientes son sólo ejemplos, pero los desafíos se extienden a la militarización de las fronteras en Perú, los naufragios y retornos forzosos de Trinidad y Tobago, y la separación de familias en Curazao, entre otros. Se trata de una tendencia que la región debe detener e invertir urgentemente.
Casi seis millones de personas han huido de Venezuela desde 2015, lo que equivale al 20% de la población del país. Es decir, una de cada cinco personas ha dejado atrás su hogar. Es como si toda la población de Dinamarca o Singapur, por ejemplo, hubiera escapado de su país en busca de protección. Se trata de una realidad extremadamente dolorosa: millones de personas que han sufrido tanto en su propio país que no ven otra salida que abandonar su hogar, con la esperanza de que otros países les ofrezcan protección internacional.

El fracaso de los Estados a la hora de proteger a la población de las violaciones de derechos humanos en Venezuela es palpable
Cuando hablamos de protección internacional, o de ser un refugiado, la mayoría de la gente evoca imágenes de conflictos armados lejos de nuestras fronteras. Pero vale la pena hacer dos aclaraciones. La primera es que, en gran parte de nuestra región, y particularmente en los países que albergan a venezolanos, existe una definición de refugiado que reconoce como tal a quienes provienen no sólo de persecuciones y conflictos armados, sino también de violaciones masivas a los derechos humanos. La segunda es que la protección internacional implica, en su esencia más básica, asistencia y apoyo. Es decir, proteger los derechos humanos de quienes no tienen más remedio que abandonar su hogar o no pueden regresar a él. Todo ello sin perjuicio de otras obligaciones ineludibles de los Estados receptores, como la prohibición universal de devolver a una persona a un territorio en el que exista un riesgo real de violaciones graves de los derechos humanos.

En Venezuela, está más que demostrado, se cometen violaciones masivas de los derechos humanos. Por ello, sus ciudadanos fuera del país requieren protección internacional. Pese a quién le pese. ¿Por qué, então, muere una bebé de nueve meses en Bolivia? ¿Por qué un grupo de refugiados en situación de alta vulnerabilidad observa aterrada como les queiman sus pocas y precarias pertenencias? ¿Por qué un niño de 12 años y un joven de 18 años son asesinados a balazos?

La falta de interés de los Estados por proteger a las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos en Venezuela es palpable. Un dato muy revelador es la falta de financiación para atender sus derechos y necesidades. De media, reciben 265 dólares por persona en donaciones de la comunidad internacional, mientras que los de Siria reciben 3.150 dólares en ayudas. Queda por decir que ninguna vida vale más que otra, sólo hace falta que los Estados actúen en consecuencia.

La falta de reconocimiento oficial de los venezolanos como refugiados y la falta de financiación adecuada para ayudarles no son realidades inconexas. Se trata de una negación multidimensional de la naturaleza, la magnitud y la respuesta de la segunda mayor crisis de movilidad humana del mundo. Si no se reconoce la necesidad de protección internacional, ¿cómo se pueden evitar más abusos y tragedias como las que vemos en Chile, Colombia y Bolivia, entre otros? Y si no reconocemos a estas personas como refugiados, ¿cómo podemos financiar las necesidades de un plan de respuesta a semejante crisis?

Los gobiernos de las Américas, y de otras regiones, no pueden renunciar a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados. Deben hacer lo correcto: reconocer a los venezolanos como refugiados, para atender sus derechos de manera urgente y diferenciada, y en consecuencia, solicitar y recibir la financiación necesaria para materializarlo.

Fuente: Elpaís