Buenos Aires. Entre las duras medidas que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha comenzado a aplicar por orden del presidente Mauricio Macri, se encuentra el aumento del número de extranjeros que serán expulsados del país por la comisión de presuntos delitos, mientras la justicia "amiga" ha rechazado un recurso de una organización humanitaria contra el protocolo oficial para el uso de armas de fuego en la represión de delitos, lo que significa impunidad en el accionar policial, y convalida el "asesinato fácil" que tantas vidas se cobra en las zonas más pobres.
El juzgado federal de la localidad bonaerense de Junín, a cargo del juez Héctor Pedro Plou, rechazó un recurso de amparo presentado por la Asociación "Linqueños por los Derechos Humanos" contra este protocolo y reafirmó la "constitucionalidad" de esta medida -contra la opinión de importantes juristas locales que también preparan otros amparos- e incluso decidió imponer el pago de las costas a quienes solicitaron el amparo.
En el caso de los inmigrantes, la ministra Bullrich había faltado a la verdad cuando dijo en noviembre pasado que el 20 por ciento de los presos en la Argentina son extranjeros, pero no dio precisiones en este caso, lo que fue desmentido por expertos en materia penitenciaria que estiman que de las 85.283 personas detenidas en cárceles de las provincias, sólo 5.108 son de otras nacionalidades, lo que significa menos del seis por ciento.
Si estas cifras de las provincias se sumaran a las 13.392 del Servicio Penitenciario Federal, habría un total de 98.675 detenidos en Argentina, de los cuales sólo el ocho por ciento son extranjeros, unos siete mil. Estas cifras tienen en cuenta a las personas detenidas sin condena, como señala el portal El Destape en su investigación donde dice que Bullrich "miente deliberadamente". Hay 46.000 presos de 196 que no han sido condenados y entre ellos hay un alto número de extranjeros que, como el resto de los que están en esas condiciones, no deberían estar detenidos.
De acuerdo a las nuevas medidas de seguridad que está tomando el Gobierno, que -según citan varios medios locales- llega tras el anuncio del ex capitán Jair Bolsonaro en Brasil el 1 de enero, Macri estaría endureciendo esta política, teniendo en cuenta "los buenos resultados" que le ha dado el tema de la inseguridad con el actual presidente brasileño.
Esto le ha llevado a acelerar la expulsión de extranjeros que presuntamente hayan cometido delitos o que hayan entrado ilegalmente en el país, para lo que está preparando una lista de mil que serían expulsados del país a corto plazo. Para ello, se creará un Foro de Migración y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros, todo ello antes de las elecciones de octubre de este año.
Los reportajes de las investigaciones televisivas han mostrado el número de personas e incluso familias de barrios pobres a las que la policía ha plantado droga, lo que bien podría ser utilizado por los agentes, que ya tienen experiencia en hacer aparecer "estupefacientes" tanto en los bolsillos de aquellos a los que quieren acusar como en redadas en casas de familia.
En uno de los casos más escandalosos, la policía detuvo a una mujer acusada de "fraccionar" drogas, es decir, de preparar cócteles para una mujer gravemente afectada de Parkinson que tenía el cuerpo y las manos rotas de forma permanente y a la que mantuvieron cuatro meses en prisión, violando sus derechos humanos por su condición.
Esto -como se hace en otros países- podría utilizarse contra los inmigrantes, igual que antes se les acusaba injustamente de robar o "plantar" libros "marxistas" durante la guerra fría o "cartas subversivas" durante las dictaduras.
Según el diario Clarín, el ministro explicó que para expulsar a un extranjero hay que pasar por un proceso muy largo y que esta cámara especial podría agilizar mucho el trámite.
En noviembre pasado, el director de Migraciones, Horacio García, había sugerido modificar la legislación sobre el "sistema de expulsión" para ciudadanos de otros países que "transgredan" las normas locales, y en ese sentido mencionó que se podría "rehabilitar" a quienes llegaron en los últimos años. También se han creado cárceles para inmigrantes, algo que se rechaza en un país al que llegaron millones de extranjeros tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
El presidente, desde que era jefe de Gobierno de la ciudad (2007-2015), ha querido endurecer las medidas de seguridad y desde entonces ha querido comprar pistolas Taser y ha comprado muchas armas para reprimir conflictos internos, pero también se ha referido al tema de la inmigración en términos que se consideran discriminatorios y racistas.