14 de setembro de 2020

Diversas organizaciones sociales se han hecho eco de la terrible situación que están viviendo las personas migrantes a causa del COVID-19. Una situación que, en opinión de la Confederación General del Trabajo, justifica, ahora más que nunca, la necesidad de que estas personas puedan acceder a una atención sanitaria, así como al acceso a cuantas medidas se han diseñado para proteger a las personas en situación de exclusión y más vulnerables, sin olvidar el acceso a la educación o a recursos habitacionales. 

De hecho, la irregularidad administrativa es hoy en día la mayor barrera para que las medidas sanitarias y sociales puedan llegar a todas y a todos. Por ello, desde la CGT entendemos que debe eliminarse esa barrera mediante un proceso de regularización.

No debemos olvidar que estas personas juegan un papel importantísimo en determinados sectores productivos fundamentales, como el trabajo en la agricultura o el trabajo de cuidados, bien sea de atención domiciliaria o trabajo doméstico. Durante el estado de alarma, muchas de las trabajadoras de atención domiciliaria no han podido desplazarse por un doble riesgo: el riesgo sanitario y el riesgo a ser multadas por su situación administrativa irregular. Personas que, durante el desarrollo de la pandemia, no han podido recibir ingresos de ningún tipo en la mayoría de los casos, ya que no cobran ningún tipo de prestación o subsidio pese a su papel fundamental en los sectores mencionados, entre otros, de la economía de este país.

Ha habido multitud de situaciones que han revelado escasísimo avance expresado en el RD-Ley promulgado en torno a esta problemática, ya que no se ha determinado con claridad y sencillez el procedimiento de acceso a la autorización para trabajar de los jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años establecida en dicho RD-Ley, y en especial en lo relativo a la situación de los MENAS extutelados, mediante autorizaciones de residencia y trabajo que tengan una duración igual a la de otras autorizaciones por circunstancias extraordinarias.

Tampoco se ha asegurado –y no se sigue asegurando– la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

La realidad en que los empresarios tienen a los temporeros y temporeras, en campamentos que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, donde cientos de emigrantes malviven en condiciones indignas, es vergonzosa.
Por eso, entendemos que ahora más si cabe se hace necesaria la actuación eficaz de la Inspección de Trabajo así como de cuantas administraciones se encuentren implicadas a este respecto para acabar de una vez por todas con estos asentamientos.

Por todo lo anterior, es imprescindible que se lleve a cabo un proceso de regularización extraordinario y urgente de todas las personas migrantes y demandantes de asilo a los efectos de conceder a las mismas autorización de trabajo y residencia, al igual que se ha realizado en otros países de nuestro entorno. Asimismo se hace urgente se proceda a resolver de manera excepcional, inmediata y favorable el conjunto de solicitudes de residencia (por arraigo u otras), así como solicitudes de asilo que en la actualidad se hayan presentado y se encuentren en trámite.

No podemos olvidar la situación de las personas que se encuentran privadas de libertad debido a esta situación de irregularidad en los CIE, así como las situaciones de hacinamiento de los CETI de Ceuta y Melilla. Si bien se han producido ciertos avances en torno a esta problemática –el Gobierno ha procedido a liberar a la gran mayoría de las personas privadas de su libertad ambulatoria en los CIE–, desde la CGT se ha manifestado ante el Gobierno en abril de este año que algunos de estos CIE se mantienen operativos, por lo que no todas las personas en estos centros han sido liberadas.

Por otra parte, en cuanto a los CETI de Ceuta y Melilla, la situación de hacinamiento ha sido denunciada por diversas organizaciones, al duplicar el CETI de Melilla su capacidad de 786 personas hasta las 1.650 según los datos del mes de mayo.

El Salto