28 de julho de 2017

idi spaOrganizaciones de derechos humanos destacan que la no existencia de indagatorias sobre múltiples agresiones que sufren los indocumentados se debe a la ineficiencia de las autoridades, pero sobre todo, a su falta de voluntad para hacer su trabajo.

Lejos de aminorarse, la situación de violencia que enfrentan los migrantes indocumentados que atraviesan México de camino hacia Estados Unidos ha empeorado, en gran medida por la falta de investigación de dichos agravios, y por lo tanto de castigo a los responsables, ha hecho aumentar la sensación de impunidad.

Así lo advirtieron diversas organizaciones de derechos humanos en el informe titulado “El acceso a la justicia para personas migrantes en México”, en el cual destacan que la no existencia de indagatorias sobre múltiples agresiones que sufren los indocumentados se debe a la ineficiencia de las autoridades, pero sobre todo, a su falta de voluntad para hacer su trabajo.

Ximena Suárez, integrante de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) destacó en primer lugar que 99 por ciento de los casos de abusos denunciados por los migrantes o los colectivos que los acompañan se quedan en la impunidad.

Una de las principales razones de ello es que las autoridades judiciales mexicanas “tienen una marcada falta de voluntad” para hacer su labor de investigar y sancionar, además de que desalientan a las víctimas a presentar denuncias con el argumento de que al hacerlo la ley los obliga a quedarse detenidos varios meses para darle seguimiento al caso.

Otro hallazgo de los autores del informe es que los defensores de derechos humanos que ayudan a los migrantes atacados también son víctimas de amenazas, agresiones y campañas de descrédito.

Entre las recomendaciones del documento a las autoridades migratorias mexicanas se encuentra eliminar los obstáculos para que los indocumentados denuncien los crímenes que sufrieron en el país; realizar investigaciones serias con resultados concretos e incrementar la cooperación regional con Estados Unidos y los países centroamericanos.

Las organizaciones civiles coincidieron en que, si bien el gobierno de México tiene la responsabilidad de exigirle a Washington que respete los derechos de sus migrantes, tampoco tiene autoridad moral para indignarse puesto que sus propios funcionarios públicos abusan y agreden a los indocumentados de Centroamérica.

Fonte: La Jornada