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Gobierno de Trump intensifica separación de familias migrantes en la frontera

idi spaAlegan que lo que antes era una práctica ocasional, ahora es algo “sistemático”, que se traduce en arresto a los migrantes y separación de los hijos de los padres con cualquier excusa. En algunos casos, el gobierno presenta cargos penales contra los padres.

Alegan que lo que antes era una práctica ocasional, ahora es algo “sistemático”, que se traduce en arresto a los migrantes y separación de los hijos de los padres con cualquier excusa. En algunos casos, el gobierno presenta cargos penales contra los padres.

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional no ha articulado públicamente una política al respecto, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado la separación de familias migrantes como práctica en la frontera, de acuerdo al testimonio de padres, activistas y expertos legales.

Los casos reportados por diversos medios se van sumando.

La pasada semana, La Opinión informó sobre la situación de cuatro padres salvadoreños y un hondureño arrestados el pasado 12 de noviembre, que reportaron haber sido separados de sus respectivos hijos el 16 del mismo mes.

Este fin de semana, el periódico Houston Chronicle de Texas publicó una investigación en la que documentaron al menos 22 casos de migrantes centroamericanos que cruzaron con hijos, pero fueron separados de los mismos, y los padres o madres fueron acusados del delito de “entrada ilegal a Estados Unidos sin inspección o admisión” 8 U.S.C. § 1325, aunque no tenían antecedentes de haber venido antes al país.

Todo esto apunta a una práctica contradictoria con lo que se ha hecho consistentemente hasta ahora y con lo que aseguraran portavoces del gobierno de Trump que no se estaba haciendo, al menos que fuera para proteger la seguridad de los menores.

En una entrevista con La Opinión este lunes, la directora de derechos de los migrantes para la Comisión Femenil de Refugiados, Michelle Brané, confirmó que su organización ha venido documentando más y más casos de separación familiar injustificada entre migrantes que buscan asilo.

Lo que antes ocurría “de vez en cuando en forma aislada”, ahora se ha vuelto algo “sistémico”, dijo Brané. La organización está recopilando casos y a punto de presentar una queja formal al respecto ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo la experta.

La senadora de California Kamala Harris ha estado vigilando el tema desde hace meses y durante audiencias en el senado, interrogó agresivamente al ex secretario de DHS John Kelly y a la recientemente confirmada nueva secretaria Elaine Duke sobre las presuntas intenciones de separar familias para “castigar” o “prevenir” que vengan los migrantes centroamericanos.

En respuesta a preguntas de La Opinión, Harris dijo que “sin un padre o madre que los cuide durante la enfermedad o los reconforte cuando no puedan dormir, un niño separado del progenitor puede sufrir un trauma duradero”.

“Este gobierno dijo que no estaba llevando a cabo esta política, pero el hecho de que sí lo estén haciendo es otro ejemplo de los fallos sistemáticos que existen dentro de DHS”, agregó la senadora.

Su oficina sugiere que en ausencia de un memo formal “estos casos podrían representar una situación en la que los agentes están haciendo lo que quieren o que sí hay una directiva interna que no se conoce públicamente”.

Duke se comprometió públicamente con Harris en una audiencia reciente a que revisaría y reportaría en detalle sobre la política de separación familiar.

Más familias separadas sin aparente razón

En Michigan, donde está desde hace dos meses con su hijo de 7 años, la salvadoreña Michelle Landaverde supo hace pocos días que su esposo Carlos Batres y su otro hijo Dominic, de 12, habían sido arrestados en la garita de San Isidro, en California, tras llegar allí y pedir asilo.

Los esposos habían venido por separado, huyendo de El Salvador y de unos familiares que Carlos tiene en la mara, que venían extorsionándolos, dijo Michelle. Mientras ella viajó con el niño pequeño, Carlos viajó con el grande, el mismo que las pandillas habían amenazado de reclutar para “meterlo a sicario”, agregó la madre de familia.

Michelle entró primero, el 16 de agosto, con su hijo más pequeño. Pidió asilo en la garita y la mandaron a Karnes Detention Center en Texas, un centro de detención familiar, donde pasaron dos meses detenidos y eventualmente los liberaron a un patrocinador en Michigan mientras ella presenta un caso de asilo.

Pero cuando Carlos cruzó con Dominic el 12 de noviembre, las cosas fueron muy diferentes. Según cuenta Michelle y de acuerdo al relato de activistas que han seguido el caso de Carlos y de otros tres padres arrestados el mismo día con sus hijos, esta vez las autoridades insistieron en separar a padre e hijo y procesarlos cada quien por su lado.

“El 16 de noviembre los agentes dijeron a Carlos que necesitaban separarlo de su hijo (luego de detenerlo y enviarlo al Edificio Federal de San Diego) El y otros tres padres se rehusaron a separarse de sus niños hasta que la intimidación de los oficiales fue mucha para resistirse“, cuenta un resumen escrito de la organización Pueblo Sin Fronteras.

Activistas de la organización han entrevistado a Carlos y a los otros tres padres, incluyendo a José Demar Fuentes, cuyo caso ha estado en las noticias porque fue separado de su hijo Mateo, de 1 año de edad.

Según los activistas, los cuatro hombres, tres salvadoreños y un hondureño, fueron separados de sus respectivos hijos ese día. Los niños varían en edades desde 1 año hasta los 12 años de edad.

Cuando Carlos y Dominic fueron separados ese día 16 de noviembre en el edificio Federal de San Diego, su hijo le preguntó : “Papá ¿Qué está pasando” a lo que él contestó: “No lo sé”, según el reporte de Pueblo Sin Fronteras.

Un giro en política hacia familias migrantes

Estos casos representan un ejemplo de un cambio importante en la política del gobierno de Donald Trump hacia las familias migrantes que tratan de pedir asilo en Estados Unidos, dijo Brané, de la Comisión Femenil para Refugiados (Women´s Refugee Commission)

“Desde junio comenzaron a aumentar los casos”, dijo Brané. “Los casos son de todo tipo y en algunas partes han cambiado estrategia. Ahora estamos viendo acusaciones criminales por entrar sin papeles y eso comienza otro proceso de separación obligada, una vez que un padre tiene un delito criminal, lo mandan a la cárcel en vez de la detención de migrantes y el proceso es penal y no civil”.

La Opinión está esperando respuesta del Departamento de Seguridad Nacional sobre el caso de Carlos y su hijo Dominic y sobre si ha habido un cambio formal de política.

Anteriormente, la práctica era que las familias migrantes eran detenidas juntas en centros familiares y liberadas en forma condicional o
a algún patrocinador, si tenían un posible caso de asilo que perseguir.

En marzo, el entonces secretario de Seguridad Nacional John Kelly dijo que estaban pensando separar a las familias para “disuadir” a otros futuros migrantes de intentar el cruce, pero la reacción de diversos grupos fue tan grande, que posteriormente afirmaron que no habría separación familiar “a menos que hubiera peligro para el niño”.

Brané indicó que si hay circunstancias en la que tal separación sería aconsejable, si hay evidencias de que el migrante está “usando al niño para cruzar ilegalmente” o “si hay sospecha de trata de menores”.

“En esos casos se puede hacer una separación temporal, mas no sin antes avisar a los padres, explicarles a los niños lo que está ocurriendo y usando trabajadores sociales para tener comunicación y que haya el menos trauma posible para el niño”, dijo Brané.

Esto, sin embargo, no es lo que está ocurriendo, dijo la activista.

Casos en Texas reflejan nueva tendencia

Entretanto, cinco migrantes en Texas se defienden de la acusación penal de “entrada ilegal” con la que fueron separados de sus respectivos hijos y en un caso, nietos.

El Houston Chronicle detalló que defensores públicos en El Paso están luchando contra el gobierno en el caso de cinco migrantes que fueron acusados con un delito cuando se presentaron en la frontera junto a menores de edad, algo que está fuera de la práctica común seguida hasta ahora para tratar a las familias migrantes.

Los defensores públicos están pidiendo a un juez federal que rechace las acusaciones penales, alegando que los cinco migrantes fueron coercionados y que acusar con delitos a personas que buscan asilo es contrario a la constitución.

El gobierno, entretanto, alega que si el juez acepta retirar los cargos ello resultaría “en un efecto desastroso de alentar a los extranjeros a traficar o usar a niños cuando entran ilegalmente al país”.

Fonte: La Opinión

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