12 de julho de 2018

idi spaEl Consejo Constitucional decidió que la ayuda a los migrantes irregulares que se hallan en territorio francés, ya sea dándoles alojamiento, ropa, comida o transporte, no es delito sino que se ampara en el “principio de fraternidad”. Sí es punible, en cambio, facilitarles el paso de la frontera.

Histórica decisión del Consejo Constitucional contra el “delito de solidaridad”

Los lemas nacionales pueden ser algo más que bella retórica. Francia, tan orgullosa de su omnipresente triple consigna republicana – liberté, égalité, fraternité–, asistió ayer a una decisión histórica. El Consejo Constitucional decidió que la ayuda a los migrantes irregulares que se hallan en territorio francés, ya sea dándoles alojamiento, ropa, comida o transporte, no es delito sino que se ampara en el “principio de fraternidad”. Sí es punible, en cambio, facilitarles el paso de la frontera.

La resolución dictada por los máximos guardianes de la carta magna francesa reviste una enorme trascendencia, ética y política, para Francia y para el resto de Europa. Se produce en un momento muy sensible, con el auge de los populismos xenófobos y un Gobierno en Roma que ha declarado la guerra a las organizaciones humanitarias que salvan vidas en el Mediterráneo. En este periodo bastante anárquico, en el que cada Estado, en virtud de sus equilibrios internos e intereses electoralistas, está tentado a fijar sus propias reglas de juego, irrumpe Francia, patria de los derechos humanos, poniendo en valor una divisa que data de 1789.

El paso dado por el Consejo Constitucional –un órgano que preside Laurent Fabius, ex primer ministro socialista– responde a un recurso presentado por Cédric Herrou, un agricultor que se ha erigido en símbolo de la ayuda a los migrantes y refugiados que logran pasar la frontera italiana para instalarse en Francia o continuar viaje a otros países. En virtud de las leyes vigentes –ahora cuestionadas por el Consejo Constitucional– Herrou fue condenado a cuatro meses de prisión –sin ingreso efectivo en la cárcel–, en agosto del 2017, por un tribunal de apelaciones en Aix-en-Provence. Lo hallaron culpable del llamado “delito de solidaridad”, de haber ayudado a dos centenares de migrantes, en su mayoría sudaneses y eritreos. Los transportó desde la frontera italiana –pero ya en suelo francés– hasta su casa, en la que improvisó un campo de acogida.

No será punible alojar y transportar a migrantes sin papeles, pero sí facilitarles pasar la frontera

Herrou no es el único buen samaritano que ha tenido problemas con la justicia. Ha habido otras condenas y procesos en curso, pese a las protestas.

Los vigías del ordenamiento constitucional francés dejan sentado que la ayuda altruista a otro ser humano, aunque carezca de papeles en regla, no puede ser castigada como delito. Al contrario, consagra el “principio de fraternidad” y “la libertad de ayudar a otros, con un objetivo humanitario, sin consideración sobre la regularidad de su presencia en territorio nacional”. Según declaró Fabius a la agencia AFP, el Parlamento francés “tendrá que respetar” ese principio de fraternidad. Eso afectará a la nueva ley de migración y asilo que aún está en trámite parlamentario. Después de la decisión de ayer, la armonización de posiciones entre los grupos y entre las versiones de la Asamblea Nacional y el Senado se presenta aún más difícil. La ley debería ser aprobada de modo definitivo el próximo septiembre.

Las organizaciones humanitarias habían denunciado repetidamente que era una injusticia flagrante y una gran inmoralidad equiparar, aunque fuera parcialmente, la ayuda a los migrantes clandestinos con el tráfico de seres humanos.

La sentencia no cerrará, sin embargo, el debate y la polémica sobre la inmigración y los refugiados. El caso del Aquarius sacudió conciencias, pero la situación es explosiva en algunas zonas. El diario conservador Le Figaro denunció el jueves la urgencia demográfica de un departamento como Sena-Saint-Denis, en la periferia norte de París. Según un informe de dos diputados, el número de inmigrantes clandestinos en ese departamento puede oscilar entre 150.000 y 400.000, unos números alarmantes que no permiten siquiera una planificación racional de las políticas públicas, pues “el Estado ignora el número de habitantes”. La fraternidad exige buena voluntad. Sin medios no es posible plasmarla.El paso dado por el Consejo Constitucional –un órgano que preside Laurent Fabius, ex primer ministro socialista– responde a un recurso presentado por Cédric Herrou, un agricultor que se ha erigido en símbolo de la ayuda a los migrantes y refugiados que logran pasar la frontera italiana para instalarse en Francia o continuar viaje a otros países. En virtud de las leyes vigentes –ahora cuestionadas por el Consejo Constitucional– Herrou fue condenado a cuatro meses de prisión –sin ingreso efectivo en la cárcel–, en agosto del 2017, por un tribunal de apelaciones en Aix-en-Provence. Lo hallaron culpable del llamado “delito de solidaridad”, de haber ayudado a dos centenares de migrantes, en su mayoría sudaneses y eritreos. Los transportó desde la frontera italiana –pero ya en suelo francés– hasta su casa, en la que improvisó un campo de acogida.

Fonte: La Vanguardia